Este impulso a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de la región Sur de Bolívar concretarán acciones orientadas a la restauración ecológica y a la rehabilitación y recuperación de áreas afectadas social, política y económicamente.

Para ello, se realizarán actividades y servicios sostenibles que promoverán la integración del desarrollo rural con la sostenibilidad ambiental de la región, específicamente  en los municipios de Simití, Cantagallo, Santa Rosa, San Pablo, (Bolívar) y Yondó (Antioquia).  

Con esta firma se inicia el establecimiento de modelos de desarrollo rural, basados en la conectividad entre ecosistemas naturales y culturales, que fomenten la conservación y protección de los recursos naturales y la consolidación de economías campesinas sostenibles. Así, se trabajará en crear modelos de reconversión agropecuaria socializados y concertados (cadenas de cacao, café y ganadería) y de conservación comunitaria de áreas prioritarias de bosques y humedales implementados.

Además se fortalecerá la gobernanza local en la zona, a través de la consolidación organizativa e intergeneracional; con ello, las instancias locales participarán activamente en procesos de ordenamiento territorial en los municipios de  Simití, Cantagallo, Santa Rosa y San Pablo del sur de Bolívar.

También las comunidades locales, con capacidades y conocimientos, liderarán la gobernanza ambiental intergeneracional con niños, niñas y adolescentes y se recuperará la infraestructura física para la promoción de la educación ambiental y la gobernanza adecuada y dotada (Yondó).

Los grandes beneficiarios

• 207 familias campesinas participantes estarán vinculadas con los sistemas productivos de café (57), cacao (50) y a la agricultura de transitorios y pesca (100).
• 200 niños, niñas y adolescentes vinculados a 12 instituciones educativas de los municipios que comprenden el área de acción del proyecto
• 100 mil personas, de 25 veredas y ocho corregimientos, que habitan la zona serán beneficiarios indirectos y se favorecen de los servicios ecosistémicos del territorio.

Lo primero es entender que en las zonas rurales, el posconflicto representa una oportunidad histórica para reconstruir una sociedad más igualitaria socialmente, y económicamente más justa, dinámica, diversificada y eficiente. Esto quiere decir, que es el momento de generar empleos en los territorios y así promover procesos de desarrollo rural.

Hacerlo realidad implica que funcionarios gubernamentales, actores sociales, del sector privado y de la sociedad civil, se capaciten para acompañar a las comunidades en la inclusión de la población rural en la vida productiva. Para facilitar esta tarea, el Gobierno de Colombia y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, crearon la primera Academia sobre desarrollo rural y trabajo decente para la construcción de paz.

Con el apoyo de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, la Universidad de los Andes y la Pontificia Universidad Javeriana, esta Academia ofreció durante la semana del 16 al 20 de enero de este año, las herramientas y el conocimiento para que los participantes* aprendan a tener acceso a recursos necesarios para promover el desarrollo rural integral con trabajo decente en medio de un escenario de posconflicto.

Cambio de mentalidad

Lograrlo significa arriesgarse a cambiar el panorama desde adentro, y es en esa medida que este curso es una apuesta para que en los territorios haya un cambio de cultura. Empoderar a las comunidades a que entiendan su papel en esta nueva etapa que comienza para el país, y hagan valer el lugar que les pertenece.

Como parte de la metodología de esta actividad, se crearon sesiones optativas de manera que los asistentes pudieran escoger sus temas de interés de acuerdo con su enfoque profesional, al tiempo que intercambian experiencias en aspectos claves como el fortalecimiento de la protección social para los grupos más vulnerables, el respeto a los derechos fundamentales en el trabajo, la igualdad de género y la resolución de las diferencias por medio del diálogo.

En palabras de Edilson Jair Castillo, integrante de la Asociación de Jóvenes Rurales del Putumayo, quien participó en el intercambio Col-Col de Fortalecimiento en Asociatividad que organizó APC-Colombia el año pasado en Belén de Umbría, “esta Academia es una ventana de oportunidad para que haya un cambio de cultura empresarial en las comunidades rurales. El sector campesino ha sido señalado de pobre y atrasado, lo que ha generado que el relevo generacional se vea afectado al punto de estar cerca de desaparecer, porque los jóvenes se están yendo a las ciudades a emplearse en lugar de trabajar sus propias tierras”.

Es decir que lo que brinda esta Academia es una vía más directa a lograr que los campesinos dejen de ser empleados y empiecen a verse como empresarios. Dejen de trabajar para compañías y comiencen a trabajar su tierra como una empresa de la cual puedan vivir dignamente. “Lo importante es que sea una mentalidad colectiva, que busque el bien común por encima de la ganancia personal”, afirma Edilson.

Por esta razón se espera que al finalizar este curso, los participantes hayan resaltado lineamientos generales para promover las estrategias y herramientas para el desarrollo rural donde el trabajo decente sea el común denominador en un escenario de posconflicto.

Asistencia humanitaria a víctimas del conflicto armado, implementación de estrategias de consolidación territorial, fortalecimiento de capacidades institucionales para la atención y prestación pertinente de servicios, fortalecimiento de la participación ciudadana, ejercicio de la justicia transicional, entre otros, hace parte del apoyo que la cooperación internacional ha dado al país desde hace varios años.

Así lo expuso Alejandro Gamboa, Director General de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, durante el panel Internacionalización de las negociaciones y del posconflicto en el foro de Seguridad y Posconflicto que se llevó a cabo esta semana en la Universidad de los Andes, donde participó al lado de Juana García, docente e investigadora de la universidad y Raúl Rosende, Jefe de Gabinete de la Misión de Naciones Unidas en Colombia.

Durante su intervención, Alejandro Gamboa explicó que de acuerdo con un análisis del comportamiento de la cooperación internacional en materia de construcción de paz entre el 2010 y el 2015 realizado por la Agencia, se identificó que gracias al apoyo de cooperantes como Estados Unidos, Unión Europea, Suecia, Canadá, Alemania, España, Suiza y Noruega, se implementaron en el país 1.247 proyectos en temas de fortalecimiento del Estado de Derecho por un monto aproximado de USD$1.415 millones.

Dichos proyectos estuvieron orientados principalmente hacia el fortalecimiento de las capacidades institucionales y sociales, reparación a víctimas del conflicto, promoción de la cultura de paz y reconciliación, acceso a la justicia y seguridad.

Se espera que durante el posconflicto, la cooperación internacional continúe complementando los esfuerzos del país en materia de construcción de paz, desarrollo rural sostenible y conservación y sostenibilidad ambiental.

Con este objetivo en mente, Alejandro Gamboa compartió con los asistentes el Fondo Colombia en Paz, creado para articular y coordinar las iniciativas e inversiones para la paz durante los próximos 10 años, alineadas con las prioridades del país. Para  hacer una ejecución eficiente de los recursos de cooperación, no duplicar esfuerzos y lograr una especialización temática y temporal, se contemplan cuatro fondos internacionales (Naciones Unidas, Unión Europea, Banco Mundial y Colombia Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo) a través de los cuales se espera movilizar 3.300 millones de dólares en los próximos 5 años.

A través de estos fondos y de la cooperación bilateral que continuará recibiendo el país, se espera que la cooperación complemente los esfuerzos del Gobierno Nacional y de las autoridades locales para la puesta en marcha de la Estrategia de Respuesta Rápida, así como de los vehículos que se han definido para la implementación del posconflicto como lo son los Contratos Paz y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET.

Esta fue una de las preguntas que se plantearon durante la IV Conferencia de Colombia en Harvard, MIT, BU y Tufts, donde APC-Colombia participó.

Bogotá, abril 26 de 2016. Mientras el país espera a que concluyan las conversaciones en La Habana y se firme el acuerdo de paz, uno de los temas pendientes por resolver es cómo se financiará el posconflicto. Con esto en mente, la Asociación de Estudiantes Colombianos de Harvard, MIT, BU y Tufts, organizaron la IV Conferencia de Colombia, donde académicos, artistas, entidades gubernamentales, y el público general pudieron compartir sus opiniones frente a este tema.

Fue así como la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, representada por su director, Alejandro Gamboa, fue invitada a participar en el panel Financiando el posconflicto: Alinear los intereses del Gobierno, donantes internacionales y agencias locales. Lo hizo acompañado de Sarah-Ann Lynch, Subdirectora para América Latina y el Caribe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, entidad que desde el 2001 ha entregado alrededor de dos mil millones de dólares para programas de desarrollo social y económico, derechos humanos, apoyo a víctimas del conflicto, entre otros.

Durante esta intervención, surgió la pregunta sobre el rol de la cooperación internacional en el posconflicto. Alejandro Gamboa explicó que en un escenario de posconflicto, los cooperantes serán los socios catalizadores al momento de desarrollar proyectos que vayan alineados con los seis puntos de la agenda de La Habana, y donde las personas que han sido víctimas de la guerra, se vean beneficiadas de manera permanente.

En el último año APC-Colombia ha podido apreciar que los cooperantes internacionales como Estados Unidos, Alemania, Suecia, Suiza, España, y la Unión Europea, por mencionar algunos, están cada vez más comprometidos con Colombia, al punto que han incluido el tema de posconflicto como área prioritaria para los próximos años.  En este punto, Alejandro Gamboa compartió con los asistentes la creación del Fondo Colombia en Paz, que financiará a través de contrapartidas nacionales, proyectos que se implementen bajo los cuatro fondos internacionales relacionados con el posconflicto: Fondo de Naciones Unidas, Fondo del Banco Mundial, Fondo de la Unión Europea y Fondo del BID. Es en estos fondos internacionales donde la mayoría de países donantes pondrán sus recursos de cooperación para el país, y serán destinados a los territorios más afectados por el conflicto armado colombiano.

Para que dichos aportes conlleven a una sostenibilidad en los territorios, es indispensable invertirlos en proyectos de inclusión social y reconciliación que permitan ver una transformación rural; que cuenten con la participación de actores locales, darles protagonismo en la toma de decisiones y tener un cooperante que entienda su problemática es clave. Un ejemplo son los casos de Cooperación Col-Col, donde se promueve un intercambio de conocimiento y experiencias entre dos o más regiones del país, y se generan buenas prácticas para ser replicadas en todo el territorio nacional. En este tema, la Agencia Española de Cooperación (AECID) ha hecho significativos aportes.

Con el trabajo en conjunto entre el sector público, sector privado y la sociedad civil,  en APC-Colombia estamos seguros que será más fácil garantizar la sostenibilidad de los aportes de la cooperación internacional, y por ende, asegurar que sean correctamente invertidos en los territorios más afectados durante una etapa de posconflicto.

Llegar a los territorios que se encuentran en condición de vulnerabilidad por el conflicto y generar procesos de cambio replicables ayuda a potencializar el desarrollo rural del país.

Bogotá, 21 de abril de 2016.  La guerra en el país ha ocasionado que en varios departamentos haya territorios con estructuras organizativas debilitadas, donde los procesos productivos son marginados, hay retroceso en autonomía alimentaria y tienen fracturas en su tejido social.

Con el firme compromiso de revertir estas problemáticas y generar procesos de cambio, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y ONU Mujeres crearon hace un año el programa conjunto “Territorios productivos y con seguridad alimentaria para una población resiliente y en paz, en ecosistemas estratégicos del Cauca”.

Lo que se busca es avanzar hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible comprendidos en la Agenda 2030 (erradicar la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático, entre otros), como elementos estructurales de la construcción de paz a nivel territorial. Partiendo de lo anterior, el programa se implementa en cuatro municipios del sur del Cauca, una de las zonas rurales más afectadas por el conflicto, pero que aun así presenta un alto potencial en procesos de recuperación temprana.

Por esta razón el programa enfoca sus resultados en tres áreas temáticas: la primera busca fortalecer el liderazgo local con enfoque integral, participativo y de género mediante el diálogo social, intercultural e intersectorial.  Le sigue mejorar la autonomía y seguridad alimentaria y nutricional a partir de los saberes propios de las comunidades y la recuperación de los medios de vida locales.  Y la tercera dirigida a tener más familias de productores rurales con mayores ingresos, a través de la producción diversificada, el fortalecimiento organizacional y el desarrollo de mercados inclusivos.

A partir de estos tres objetivos se organizó el taller de Construcción del Plan Operativo Anual, que se llevó a cabo ayer y hoy en las instalaciones del Comité de Cafeteros del Cauca, en Popayán. Miembros de FAO, PNUD, PMA y ONU Mujeres se reunieron con representantes del Ministerio de Agricultura y la Gobernación del Cauca que vienen desarrollando proyectos de quinua, la Federación de Cafeteros y el proyecto de Investigación Social de la Caficultura del Cauca con un ejercicio piloto en Totoró, la Universidad del Cauca, el SENA, Prosperidad Social y Red Unidos, para juntos revisar los resultados iniciales y preparar el siguiente año de ejecución ya que el programa conjunto concluye el 17 de mayo de 2017.

Con ayuda de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, que fue la entidad encargada de articular este encuentro y construir el programa conjunto, puesto que el enfoque de sostenibilidad ambiental y desarrollo rural hacen parte de la Hoja de Ruta de la Agencia. Una oportunidad para trabajar juntos en los territorios más afectados por el conflicto armado, y ayudarlos a construir paz por medio de prácticas replicables y escalables en más territorios con situaciones similares.

Con esta frase, el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo ratificó la importancia de que se implemente el Acuerdo sobre las víctimas del conflicto, quinto punto en la mesa de conversaciones en La Habana.

Bogotá, abril 15 de 2016.  Para muchos colombianos, éste es el punto más importante y de mayor trascendencia dentro de los seis planteados en los Acuerdos de Paz, ya que se estima que el conflicto armado en Colombia ha dejado alrededor de 7,9 millones de víctimas.

En palabras del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, “Esperamos que con la implementación de éste y de todos los Acuerdos se asegure la dignificación de las víctimas, se haga justicia y se sienten las bases para acabar para siempre con la violencia del conflicto en el país”.

Y aunque este acuerdo parte de una realidad que toca a todos los colombianos, desafortunadamente no es un tema del que muchos hablan con claridad y conocimiento. Por esta razón, desde la oficina del Alto Comisionado para la Paz, se creó una cartilla virtual que de manera clara y sencilla explica de qué se trata el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, por medio del cual se busca lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, rendir cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en él y contribuir a alcanzar la convivencia, la reconciliación, la no repetición y la transición del conflicto armado a la paz.

La invitación por parte del Gobierno colombiano es que todo el que entre en contacto con esta cartilla, la comparta con más personas y así facilitar que tenga mayor circulación en todo el territorio nacional.

• Consulte aquí la cartilla hecha por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.  
• Para más información  sobre el Acuerdo de Víctimas del Conflicto de clic aquí.

El director de APC-Colombia y el embajador del Reino Unido fortalecen las relaciones de cooperación.

Bogotá, enero 19 de 2015.- El director de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, Alejandro Gamboa, y el embajador del Reino Unido, Peter Tibber, sostuvieron una reunión para hablar de los aportes de ese país a iniciativas de Colombia orientadas al desarrollo rural sostenible, el crecimiento verde y la conservación del medio ambiente.

Durante la reunión, el embajador ratificó el apoyo del Reino Unido a Colombia en el marco del posconflicto al proceso de paz y la implementación de los acuerdos.

Por otro lado,  el embajador Tibber, recordó que en este momento se encuentran abiertas las convocatorias del Fondo Magna Carta para los Derechos Humanos y Democracia y del Fondo de Prosperidad que se cerrarán los próximos 5 y 19 de febrero respectivamente. 

El Fondo Magna Carta para los Derechos Humanos y Democracia promueve el respeto de los derechos humanos, el fortalecimiento institucional y la gobernanza mientras que el  Fondo para la Prosperidad, promueve la creación de condiciones que permitan el crecimiento y desarrollo sostenible.

El Reino Unido ha sido un aliado importante de Colombia en la conservación del medio ambiente.  Recientemente en la COP21, la cumbre mundial de cambio climático celebrada en París,  el Reino Unido, Alemania y Noruega se comprometieron con el país a aportar recursos por US$300 millones de dólares para financiar proyectos orientados a reducir las emisiones de gases efecto invernadero que produce la deforestación y la degradación de los bosques.

De estos US$300 millones, US$200 se destinarán para financiar acciones con impacto en todo el país, mientras que los otros US$100 serán entregados a través de la REDD Early Movers para apoyar la iniciativa Visión Amazonía de Colombia, que contribuirá a lograr la meta de cero deforestación neta en la Amazonía en 2020 y promover el desarrollo sostenible.  El aporte del Reino Unido a este proyecto asciende a US$44 millones, recursos que se invertirán en los próximos cuatro años.

Los programas mencionados contribuyen al cumplimiento de los objetivos Colombia Sostenible, una iniciativa liderada por APC-Colombia y el BID, para abordar el cambio climático, promover el desarrollo rural sostenible y la conservación de la biodiversidad.

Este aporte es importante para ayudar al país en su lucha para afrontar el cambio climático y cumplir con los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo sobre la reducción en la deforestación. Estos recursos se realizarán mediante el esquema de pagos por resultados, es decir que en la medida que el país muestre avances o resultados relacionados para mitigar el problema, el país irá recibiendo los recursos correspondientes.

Igualmente, el Reino Unido apoya con recursos el proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, implementado a través del Banco Mundial y ejecutado por Fedagan. El proyecto está orientado a reducir la deforestación generada por la ampliación de la frontera agrícola y las malas prácticas de manejo.

El proyecto, que beneficiará a dos mil familias ganaderas distribuidas en 83 municipios de 13 departamentos (Cesar, Guajira, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca, y Meta), busca mejorar la productividad de las fincas y producir beneficios ambientales mediante la promoción de la adopción de sistemas silvopastoriles y agroforestales.

El Reino Unido también apoya con US$17 millones la iniciativa Paisajes Forestales Sostenibles,  un proyecto del Fondo del Biocarbono administrado por el Banco Mundial que busca definir el plan de desarrollo para optimizar los diferentes usos del suelo y minimizar la deforestación en la Orinoquía Colombiana.

Por otra parte, el Reino Unido impulsa el  Newton-Caldas Fund, un fondo de cofinanciación  para proyectos de ciencia, tecnología e innovación dirigido al aumento de capacidad para la ciencia y la innovación así como a la colaboración en investigación para afrontar los desafíos del desarrollo.

A través de los años, el Reino Unido ha apoyado a Colombia mediante fondos británicos globales como el Fondo de Prosperidad, el Fondo de Derechos Humanos y Democracia, Fondo de Drogas y Crimen y el Fondo Bilateral de Programas. 

Para APC-Colombia, el Reino Unido es un socio estratégico y sus aportes apalancan las políticas del Gobierno Nacional orientadas a la construcción de paz, el desarrollo rural sostenible y la conservación del medio ambiente, áreas priorizadas en la Hoja de Ruta de la Cooperación Internacional 2015-2018.

 Jim Yong Kim visitó dos proyectos financiados por el Banco Mundial que se adelantan en Cesar

Kim conoció uno de los 303 procesos de reparación colectiva que lidera la Unidad para las Víctimas en el país.

Bogotá, enero 14 de 2016.- El Presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, estuvo en Valledupar visitando dos proyectos que cuentan con el apoyo del Banco Mundial en compañía de la directora de la Unidad de Víctimas (UARIV), Paula Gaviria; el director de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, Alejandro Gamboa; el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri;  y el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas.

Durante su visita, Kim conoció el modelo de reparación colectiva de comunidades afrodescendientes que adelanta la UARIV en el municipio de Guacoche, cerca de Valledupar.

Gaviria recordó que se han iniciado 303 procesos de reparación colectiva en todo el territorio nacional, de los que 153 son étnicos.

En la década de los 90 la comunidad de Guacoche fue víctima de la violencia de los grupos paramilitares que dominaron el territorio. El 11 de diciembre de 2015, Guacoche se convirtió en la primera comunidad afrodescendiente en protocolizar su plan de reparación colectiva que incluye  la implementación del proyecto de ‘Reparación colectiva de víctimas para la reconstrucción social’.

El plan también contempla otras iniciativas como la rehabilitación comunitaria del río, la generación de un proyecto de bicicletas para fomentar el transporte rural y el fortalecimiento institucional de protección territorial.

APC-Colombia apoyó de cerca el trabajo de consolidación del proyecto de reparación colectiva en términos jurídicos y legales, y participó como testigo en la firma del convenio liderado por la UARIV. 

El proyecto, que se desarrollará en los próximos tres años, forma parte del Fondo Fiduciario Multi-Donantes para el Posconflicto y la Paz en Colombia gestionado por el Banco Mundial. Contará con US$ 4,7 millones de dólares para su ejecución, fortalecerá el programa de reparación colectiva en los niveles nacional y local, mediante el apoyo a la ejecución de las medidas incluidas en los planes de reparación, así como la optimización de la gestión del conocimiento y aprendizaje sobre reparación colectiva.

A la fecha, el proyecto ha permitido fortalecer organizativamente a 60 sujetos étnicos de reparación colectiva, en las ciudades de Cali y Villavicencio, con los que se compartieron buenas prácticas de las autoridades étnicas para mejorar su gobierno propio.

En Guacoche, Gaviria destacó el aporte del BM y de la cooperación internacional a la iniciativa de reparación de víctimas.  “Valoramos muy positivamente este apoyo del Banco Mundial y el que nos ofrecen otras entidades, empresas y países.  Suponen un complemento especialmente en el ámbito técnico, al gran esfuerzo que está realizando el Gobierno nacional para atender y reparar a la población víctima, en lo que hemos invertido alrededor de 30 billones de pesos”.

Por otro lado, Kim también visitó el programa Alianzas Productivas que se lleva a cabo en el municipio de La Paz para promover la generación de ingresos mediante el impulso a emprendimientos de pequeños productores y la comercialización de sus productos a través de asociaciones con grandes empresas.

Allí tuvo la oportunidad de reunirse con representantes de la Asociación de Productores Campesinos de la Serranía del Perijá (ASPROCASPE), líderes comunitarios, un delegado de Nutresa y otras personalidades del Gobierno. 

Durante su visita en el país, Kim también se reunirá con el presidente Juan Manuel Santos para hablar de paz, desarrollo y posconflicto.

La iniciativa fue presentada en el evento Finanzas del Clima Colombia 2015 que contó con la participación de importantes personalidades del ámbito nacional e internacional.

Bogotá, noviembre 17 de 2015.-  Representantes del sector gobierno, empresarial, banca multilateral y la sociedad civil se reunieron en Finanzas del Clima Colombia 2015, un evento organizado por el Comité de la Gestión Financiera del SISCLIMA que abrió un espacio para dialogar sobre los retos y oportunidades que tiene Colombia en materia de financiación del cambio climático.

El medio ambiente y desarrollo rural están estrechamente ligados; los impactos ambientales ocasionados por el conflicto como la deforestación y destrucción de ecosistemas afectan el campo, son mayores en regiones de pobreza rural y aumentan las brechas en el territorio, por eso el Gobierno nacional le apuesta a la iniciativa 

Así lo explicó Alejandro Gamboa, director de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, durante su participación en el Panel del Sector Público.

Colombia Sostenible es una iniciativa de articulación y coordinación local, nacional e internacional para maximizar los dividendos ambientales de la paz. Promueve el desarrollo rural sostenible, la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.

Esta iniciativa de largo plazo espera recaudar en los próximos cinco años 400 millones de dólares de cooperación no reembolsable.

“La sostenibilidad es el pilar del desarrollo rural, por eso en APC-Colombia apoyamos los esfuerzos para reducir los efectos del cambio climático y vamos a articular acciones en pro de la sostenibilidad”, dijo Gamboa.

El Panel del Sector Público analizó los avances del país en el establecimiento de mecanismos de coordinación alrededor de esquemas para garantizar el financiamiento de acciones orientadas a mitigar los efectos del cambio climático y las experiencias de países como Sudáfrica, Brasil y Francia.

La gestión de las finanzas públicas así como  la articulación del sector financiero y privado fueron algunos de los temas que se trataron en el panel del Sector Público, moderado por el viceministro técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Andrés Escobar, que tuvo invitados nacionales e internacionales.

Además del director de APC-Colombia; Germán Arce, gerente del Fondo de Adaptación y un representante de la Subdirección Territorial y de Inversión Pública del Departamento Nacional de Planeación,  fueron los panelistas nacionales. 

Zaheer Fakir, presidente de Negocios Internacionales del Ministerio de Ambiente de Sudáfrica; Sergio Ferrao, economista del Departamento de Planeación de Brasil y Carl Bernadac, director adjunto para Colombia de la Agencia Francesa para el Desarrollo fueron los panelistas internacionales invitados a participar en el panel del Sector Público.

Por otra parte, en la apertura del evento se realizó un panel moderado por el Asesor Jefe de la Vicepresidencia Ejecutiva del BID en Colombia, Juan Pablo Bonilla en el que participaron el director del Departamento Nacional de Planeación Simón Gaviria; el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas;  el presidente de la Bolsa de Valores, Juan Pablo Córdoba y el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Pablo Vieira Samper y el director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD, Arnaud Peral.

En su intervención, el director del DNP destacó la importancia del evento y mencionó que las organizaciones privadas y el Gobierno tienen la gran tarea de poner en sus agendas el cambio climático como prioridad. Por otra parte, también comentó que el 45% de la inversión al cambio climático viene de los municipios y gobiernos locales, donde se ha vivido de frente las consecuencias del cambio climático y el conflicto.

El Comité de Gestión Financiera del SISCLIMA es una instancia de coordinación interinstitucional y diálogo público privado acerca de las finanzas y el cambio climático orientado a generar lineamientos de política pública en el tema.

Son miembros del SISCLIMA el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Industria y Turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, APC-Colombia, el Fondo de Adaptación, IDEAM, Bancóldex, La Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), El Fondo para el Financiamiento del Sector Agrario (Finagro) y  Protocolo Verde.